Fundado en el control judicial de la actividad de la administración, que tiene su fundamento en el principio de separación de poderes del Estado, el autor, a partir de la jurisprudencia argentina reciente, analiza críticamente la instauración de tribunales administrativos. En dicho evento, enumera los requisitos que deberá tener este ejercicio de funciones jurisdiccionales por la administración, entre los que destaca la imparcialidad, independencia y legalidad del órgano, entre otros. A su vez, destaca los problemas y obstáculos que deberá superar esta labor por la administración, los que se refieren, principalmente, a los mismos requisitos que los órganos administrativos deben reunir para actuar en este ámbito y, uno primordial, referido a la extensión y características que tendrá el control judicial de esta actividad. Así, plantea la posibilidad de crear tribunales de justicia especializados en las diversas materias, que resuelvan los conflictos entre particulares y entre éstos y la administración, por ser esta opción más acorde a las características del sistema judicial trasandino.