El autor expone las diversas implicancias jurídicas que ha traído aparejada en la actualidad el sometimiento de variados proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que cuentan ya con Resolución de Calificación Ambiental favorable, y que incluso se encuentran en desarrollo, en contrapartida a la posibilidad de revisión de los mismos por la autoridad ambiental que los calificó favorablemente. Intenta responder a tres cuestionamientos que surgen del caso: ¿Puede la autoridad revisar aprobaciones ambientales que ya confirió?; ¿qué herramientas de defensa tienen los afectados? y, en fin, ¿qué rol cabe aquí al órgano contralor? Vincula este escenario con las disposiciones de la Ley Nº 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, norma cuyas disposiciones han llevado a la autoridad sectorial a adquirir una preocupación mayor por contar con una seguridad y certeza en las autorizaciones conferidas, más aún si se tiene en cuenta la cuantiosa inversión que muchos proyectos implican, lo que nos devuelve a la discusión de la vieja dicotomía medio ambiente v/s desarrollo económico.