Nadie podría dudar que el objetivo del derecho de aguas debe ser posibilitar un mejor y más equitativo uso de un recurso que se vuelve escaso en forma creciente. Por ello, la ley debe propiciar una adecuada utilización de todas las aguas que están disponibles, en beneficio de todos los miembros de la sociedad. Nadie pretende desconocer que actualmente la institucionalidad de las aguas presenta ciertas falencias que merecen ser resueltas, y que muchas de las razones por las cuales el mercado no opera en forma perfecta son condiciones extralegales.