El ejercicio de la potestad reglamentaria por el Presidente de la República en la dictación de los reglamentos dispuestos por el Legislador, es una atribución exclusiva, cuya ejecución está determinada por disposiciones generales de carácter constitucional y por las normas particulares contenidas en las leyes que, de manera específica, le confieren la facultad de reglamentarlas. 2. Además, por mandato igualmente constitucional y, en ciertos casos, por disposiciones contenidas en leyes orgánicas, la potestad reglamentaria se ejerce a través y mediante ciertos órganos, a quienes se les identifica propiamente como los “reguladores” de una determinada actividad económica, correspondiéndoles, por una parte, participar activamente y de oficio en la elaboración de los reglamentos que inciden en el ámbito de su competencia y, por otra parte, ajustarse a los mandatos sustantivos del Legislador en las leyes que les corresponde contribuir a reglamentar, así como a los procedimientos establecidos para ejercer sus funciones regulatorias. 3. Este es el marco regulatorio esencial conforme al cual el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y la Comisión Nacional de Energía contribuyen a ejercer la potestad reglamentaria del Presidente de la República en la aplicación de las leyes N° 19.940 y N° 20.018, que modificaron la Ley General de Servicios Eléctricos y que, por su relevancia para la economía nacional, tecnicismo e interacción de diversos agentes y organismos, públicos y privados, requiere un análisis exhaustivo de todas las alternativas para ejecutar, desarrollar, determinar, complementar, precisar y especificar los mandatos generales y abstractos contenidos en dichas leyes. 4. Se finaliza con un análisis empírico del ejercicio de las potestades regulatorias en el sector eléctrico, a la luz de la práctica desarrollada por tales organismos de la Administración del Estado que intervienen en las distintas fases de un reglamento, sobre la base de los reglamentos dictados y en actual elaboración para aplicar las leyes citadas y, asimismo, con una propuesta orientada a la participación de los agentes involucrados en aras de su transparencia.