Para un país como el nuestro, en que la actividad minera constituye una de las principales fuentes de riqueza para la economía –si es que no, la principal- resulta imprescindible regular esta actividad, de manera tal que pueda ser ejercida en un contexto que otorgue garantías para los inversionistas. De suyo, parece fundamental establecer un marco jurídico apropiado que reglamente la actividad minera de la manera más acabada posible, de forma tal que dentro de este marco, ella pueda desarrollarse con garantías de seguridad y estabilidad. En otras palabras, es tarea del legislador el establecimiento de condiciones básicas que aseguren al inversionista la propiedad que sobre sus concesiones mineras consagra la Constitución Política de la República (art. 19 N° 24 inc. 9°).