Es esta una reflexión sobre algunos de los puntos negros de la legislación minera española, desde el punto de vista del Derecho administrativo, que es donde se encuadra la mayor parte del régimen jurídico de la minería. El objeto del debate es, por tanto, la problemático jurídico-administrativa del sector minero. Además de contar con una Ley que casi ha cumplido treinta años y que no se adapta al Estado autonómico, se destaca la falta de coordinación de las diversas Administraciones públicas (autonómicas, locales) con competencias sobre régimen minero, lo que provoca situaciones de ilegalidad o falta de control, daños ambientales o conflictos urbanísticos.