El régimen jurídico de las aguas subterráneas ha tenido una importante evolución en el Derecho español. Los conflictos sociales, políticos y económicos relacionados con las aguas han originado numerosas normas y, sobre todo, cuantiosas y variadas opiniones doctrinales y jurisprudenciales. A comienzos del siglo XX1 nos encontramos con un momento crucial para el Derecho de Aguas en España, que está marcado por dos normas: la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, y la Directiva 200/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000. por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. Estos datos ponen de manifiesto la situación de continua evolución y reforma en la que nos encontramos y que caracteriza la regulación jurídica del agua en España.