Es común encontrar en los documentos oficiales de los gobiernos de América Latina sendas declaraciones de políticas de agua que recogen el sentir y el espíritu de personas genuinamente preocupadas por el recurso. Se indica por ejemplo que “las reformas de políticas necesarias para modernizar la gestión de los recursos hídricos de los países de la región requieren de una planeación cuidadosa y  consensuada, de planes directores, de coordinar acciones entre instituciones, y se necesita adaptar las mejores prácticas o “best practices” (última frase de moda). Se señala además que todo esto debe lograrse dentro de un marco de desarrollo sostenible (véase el Recuadro 1) y que ello exige la presencia de una “política moderna de aguas” la cual, según los formuladores de estas, “se sustenta en un marco de acciones que armonizan objetivos sociales, económicos y ambientales.”