El presente trabajo sostiene que las explicaciones tradicionales de los contratos administrativos no resultan satisfactorias frente a los actuales requerimientos y la evidencia normativa. Utilizando la metodología de caso, estudiando el sistema de asistencia legal en el marco de la reforma procesal penal, el autor señala que los contratos se han transformado en sofisticados instrumentos de intervención administrativa. Por esta razón, mediante herramientas económicas y legales, señala que una vez respondida la pregunta sobre las necesidades de intervención, la siguiente pregunta es si el Estado debe proveer los bienes o servicios, o buscar mecanismos como contratos, señalando que la respuesta no siempre es única y que existen aspectos que es necesario considerar. Argumenta, finalmente, en el sentido de que dada la intervención de partes privadas sobre funciones públicas, los contratos administrativos exigen hoy a la teoría del Derecho Administrativo explicaciones sofisticadas en torno a la manera en que se garantizan los derechos de los ciudadanos, los controles públicos y los dilemas de la teoría democrática en las cuales se deben explicar las intervenciones públicas con prestadores privados, en relación a los cuales los argumentos tradicionales resultan insuficientes.