A partir del proceso de privatización de los servicios públicos de electricidad, sanitarios y de telecomunicaciones nacionales, surge toda una nueva regulación inspirada en dos objetivos: evitar los abusos de estos nuevos monopolios privados y asegurar a los privados el recibir una determinada utilidad. De esta forma, la regulación tarifaria es la que adquiere mayor relevancia, pues ella incide, directamente, tanto en el comportamiento de los consumidores como en el de las empresas prestadoras de servicios. La regulación tarifaria, entonces, debe estar dirigida a obtener una situación eficiente, similar a aquella que se produce en los mercados competitivos. Para lograr este objetivo se presentan a lo menos tres posibles modelos de fijación tarifaria: dejar que las empresas prestadoras de servicios públicos libremente los fijen; que se haga a través de una acción concertada; y, que sea una facultad privativa del ente regulador. Ambos extremos consideramos que son ineficientes en su resultado y, de acuerdo a la experiencia chilena, es el segundo el que representa la situación de mayor eficiencia, cuando se haya unido a los principios de transparencia, limitación de discrecionalidad administrativa e impugnación de las resoluciones, con lo que se logra aquella situación más cercana a la eficiente.