Factores climáticos, decisiones públicas y privadas desacertadas y la indefinición de los contratos impactados por la legislación de emergencia sancionada en la República Argentina en el año 2001, desencadenaron una crisis energética que motivó la dictación de normas que afectan los contratos de exportación, transporte y distribución de gas natural y que imposibilitan su cumplimiento en el modo originariamente pactado. La insuficiencia de gas natural y de sus sistemas de transporte para satisfacer una demanda creciente obligó a instrumentar un sistema de cortes de servicio, de reconducción del gas transportado y de restricciones a las exportaciones que no sólo resintieron las relaciones bilaterales con la República de Chile sino que desarticularon el régimen jurídico aplicable, que ya había sido alterado por la legislación de emergencia. La gran discrecionalidad que se deja librada a las autoridades de aplicación del sistema, sumada a la opacidad del conjunto normativo y al limitado contralor judicial de este último, son cuestiones que merecen un atento estudio porque conspiran contra el establecimiento de una política regulatoria consistente y previsible y pueden facilitar la realización de prácticas de cooptación y de escasa transparencia.