Durante los años 1998 y 1999 se presentó una situación de abastecimiento crítica en el Sistema Interconectado Central, debido a la sequía imperante en aquellos años. Esta situación llevó a algunos observadores del sector a cuestionar la efectividad del marco regulatorio del sector eléctrico para superar episodios de déficit de suministro eléctrico. En ese clima de cuestionamiento de la regulación, se efectuaron modificaciones a la Ley Eléctrica (DFL N° 1/82) y a la Ley que norma las actividades de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (Ley No 1X.410), mediante la Ley N° 19.613 del 8 de junio de 1999. Dentro de dichas modificaciones, se incluyeron cambios a la forma de administrar los déficit de suministro en condiciones de racionamiento y se establecieron penalidades por interrupción de suministro en casos en que no hay vigente un decreto de racionamiento.