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dc.contributores-ES
dc.creatorEvans Espiñeira, Eugenio
dc.date2017-10-24
dc.date.accessioned2019-07-18T22:42:27Z
dc.date.available2019-07-18T22:42:27Z
dc.identifierhttp://redae.uc.cl/index.php/redae/article/view/241
dc.identifier.urihttps://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/102396
dc.descriptionLa Constitución de 1980, según aparece de las actas oficiales de la Comisión de Estudios para su formulación, estableció un conjunto de preceptos que persiguen robustecer el principio de juridicidad y, con ello, la existencia y vigencia del concepto de estado de derecho en Chile y, a la par, establecer un catálogo de derechos fundamentales de las personas garantizados con los mecanismos de acción para asegurar su cautela ante el Poder Judicial. Ambos conceptos, principio de juridicidad y derechos fundamentales, constituyen una suerte de relación necesaria, pues el uno y los otros procuran limitar el ejercicio del poder estatal en beneficio del elemento más importante de su existencia, a saber, las personas que habitan su territorio.es-ES
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherRevista Derecho Administrativo Económicoes-ES
dc.relationhttp://redae.uc.cl/index.php/redae/article/view/241/233
dc.rightsCopyright (c) 2017 Revista Derecho Administrativo Económicoes-ES
dc.sourceRevista Derecho Administrativo Económico; Núm. 07; 717-723es-ES
dc.source0719-5591
dc.source0717-4888
dc.subjectTipos penales administrativos; principio de juricidad; estado de derecho; derechos fundamentales; poder estatal.es-ES
dc.titleLos tipos penales administrativos en la Ley N° 18.410, orgánica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibleses-ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typees-ES


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