El proyecto de ley que reforma el Código de Aguas, actualmente en discusión en el Congreso Nacional, busca, en lo esencial, corregir la distorsión introducida en 1981 por el cambio normativo que permitió otorgar derechos de aprovechamiento de aguas, consuntivos y no consuntivos, sin obligación alguna de usarlos productivamente, a perpetuidad y sin costo, excepto los costos involucrados en la adquisición de información sobre derechos disponibles y los que surgen del trámite mismo. Esta distorsión permite que se generen bloqueos que impiden el acceso a derechos de aprovechamiento en cuencas, secciones o sectores específicos en los cuales, sin embargo, no existe un uso efectivo de parte importante del recurso disponible y no existen proyectos en desarrollo que impliquen su uso en un horizonte razonable, quedando sin acceso al recurso, o con acceso a precios muy altos, aquellos proyectos que no cuentan con derechos de aprovechamiento.