Entre 1914 y 1945 se establecieron en Chile las bases de una política petrolífera que, en una primera etapa, buscó ratificar el dominio del Estado sobre los yacimientos existentes en el país y, en una segunda, definir su participación en la importación, distribución, procesamiento, distribución y venta de petróleo y derivados. La injerencia en la actividad, implementada con éxito en otros países de América Latina, fue excepcional en el caso chileno, considerando que la legislación antecedió al hallazgo de los primeros yacimientos y a la implementación de la infraestructura necesaria para producir refinados. La singularidad del tema radicó, sin embargo, en las peculiares iniciativas adoptadas ante su existencia supuesta. Estas oscilaron desde la especulación bursátil y la creación de un monopolio para rentabilizar los beneficios del recurso, hasta la protección dada al carbón para consolidarlo como la principal matriz energética nacional. Con una demanda creciente por su uso industrial y el aumento del parque automotriz, la dependencia de combustibles importados no fue acompañada con lineamientos políticos y económicos definidos en la materia. Esto tiene directa relación con los graves problemas derivados de los prolongados ciclos de desabastecimiento experimentados y el difícil proceso de recuperación productiva posterior a la crisis salitrera. La dependencia de la importación de hidrocarburos, y las consecuencias de su irregular provisión, condicionó la puesta en marcha de una política industrial a largo plazo, considerando tanto la importancia del factor energético como la limitada capacidad de absorción de bienes industriales y de consumo del mercado nacional durante el ciclo en estudio.