En el último decenio, en Latinoamérica hemos asistido a importantes cambios en materia indígena. Algunos de ellos han sido promovidos por la legislación internacional y, otros, por las propias prácticas y movilizaciones de comunidades y organizaciones indígenas. Sobre todo a partir de la ratificación del Convenio 169 de la OIT, y la Declaración sobre pueblos indígenas de Naciones Unidas, han habido modificaciones en los marcos normativos, las instituciones y en las políticas públicas. Estas han incluido desde distintas formas de reconocimiento constitucional, la aplicación de la consulta previa y, la instalación de legislaciones y políticas sectoriales. Por su parte, las organizaciones indígenas han utilizado un amplio abanico de repertorios, lo que incluye desde su participación en distintas instancias estatales, su incorporación a procesos electorales o diversas formas de autonomía según sea el caso. Las experiencias son muy variadas y, muchas veces han entrado en tensión entre ellas (Lucero, 2006; Madrid, 2012).