En este trabajo se estudia la historia de la facultad que el artículo 74, actual 77, de la Constitución Política de la República, otorga a la Corte Suprema para pronunciarse respecto de los proyectos de ley que contengan disposiciones sobre organización y atribuciones de los tribunales de justicia y , por otra parte, se analiza el sentido y alcance que el Tribunal Constitucional ha dado a través de su jurisprudencia al concepto de ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones. Finalmente, se reflexiona respecto de la posibilidad de otorgar iniciativa legal al máximo Tribunal en materias de su competencia.