Se discuten los cambios que la reforma de 1992 al artículo 27 constitucional, introdujo en las modalidades de conformación de reservas territoriales para el desarrollo urbano. Después de constatar que los nuevos procedimientos para incorporar suelo de propiedad social al crecimiento ordenado de las ciudades no han sido suficientemente exitosos para disminuir su ocupación irregular, se concluye que ello se debe a dos razones principales: en primer lugar, se mantiene una sobrerregulación del Estado sobre los propietarios de las tierras ejidales y comunales, que es necesario eliminar; y en segundo término, la capacidad de los gobiernos municipales para ordenar y planificar el desarrollo urbano es todavía muy limitada, debido a que los avances reales de la reforma municipal de 1983 han sido insuficientes. Para finalizar, se sugiere plantear en nuevos términos la noción de reservas territoriales, y se apuntan las grandes áreas de la administración municipal en las que es necesario centrar esfuerzos