En este artículo se trata un tema de capital importancia, si es posible, o no, llegar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado-legislador como consecuencia de leyes que hayan sido declaradas inconstitucionales, y, más en concreto, qué ocurre en el supuesto de que de la previa aplicación de tal ley se haya derivado el abono de una serie de ingresos a cargo de los ciudadanos. Se analiza al respecto, en este trabajo, la naturaleza de las sentencias del Tribunal Constitucional, diferenciando entre las que tienen carácter retrospectivo o prospectivo, y con relación a estas últimas se examina la doctrina aplicada por el Tribunal Supremo español de que en estos casos es procedente la declaración de indemnización a los afectados, toda vez que concurren plenamente los requisitos para decretar la responsabilidad patrimonial de los entes públicos.