La Ley Indígena chilena fijó el plazo de tres años para realizar un plan de saneamiento de títulos de dominio sobre las tierras individuales, comunitarias y patrimoniales de propiedad atacameña: han transcurrido 10 y estos derechos territoriales no se han respetado ni implementado. En tanto, las compañías mineras obtienen del gobierno concesiones en áreas respecto de las cuales éste percibe a cambio, ingresos por la venta, arriendo y concesión de tierras fiscales, así como por las servidumbres que imponen las faenas. Lo desigual de esta carrera propietaria entre indígenas, Estado y mineras se refleja en que las comunidades andinas de la II Región no han podido hacer efectivos sus derechos territoriales en tiempo y forma. Este ensayo describe cómo, de una manera similar a lo ocurrido en los demás países latinoamericanos, la política que consiste en demorar la implementación de los derechos territoriales reconocidos a los indígenas hasta su negación, le ha permitido a ciertos actores económicos y políticos expandir sus esferas de influencia sin trabas por tierras que beneficiarían del grado mayor de protección jurídico de que gozan las tierras indígenas en Chile. Se consideran algunas razones por las cuales las autoridades étnicas y municipales oficiales no han reclamado por el retraso en el saneamiento, ni por la reducción por vía administrativa y jurídica de las propiedades a regularizar. El caso nos lleva a formular nuevas preguntas de investigación acerca de los ciclos y modos de territorialización y diferenciación en Atacama, incluyendo los del poder estatal