Si bien todas las sociedades democráticas modernas aceptan en teoría la inviolabilidad de la integridad física de los ciudadanos como parte integrante de sus constituciones, existe una constante tensión entre la protección de este derecho y el uso de la fuerza por parte de los aparatos de seguridad para prevenir el crimen y la delincuencia. Este artículo estudia la dimensión política de este conflicto, analizando el rol que cumple la sociedad civil en la protección de los derechos de las personas. Se argumenta que son tres los factores importantes de visualizar: el acceso al sistema político, los recursos para la movilización de que se dispone, y el nivel de corporativismo de la policía. Considerando el caso de Argentina, se investiga la influencia de la tercera dimensión -nivel de corporativismo- contrastando a la Policía Federal de la Capital de Buenos Aires, la policía de la Provincia de Buenos Aires y el caso de Carabineros de Chile. Se concluye que la sociedad civil organizada tiene un impacto mucho más importante en la definición de la agenda política que en la implementación de políticas incluso en casos donde dichos grupos de la sociedad civil son fuertes. Asimismo, los factores institucionales cumplen un rol importante en la definición de cuándo y dónde es más probable influir para que una reforma de la policía sea posible.