Las patentes sobre medicamentos son muy cuestionadas en la actualidad, sobre todo cuando se refieren a fármacos que sirven para curar enfermedades que originan graves problemas de salud pública en algunos países del sur del mundo. Esto porque, al conferir la patente un derecho exclusivo sobre el medicamento, su titular podría fijar unilateralmente precios muy altos, que no estarían al alcance de los  servicios de salud de los países más pobres del mundo. Existen al respecto dos intereses, ambos legítimos pero contrapuestos: por un lado, está el interés en promover la investigación médica y farmacéutica y el desarrollo de nuevos medicamentos, que es la base del sistema de las patentes;  por el otro, a los países cuya población que tienen una alta incidencia en algunas enfermedades, les interesa poder disponer de medicamentos de bajo costo. El tema ha sido enfrentado en el marco de la Organización Mundial de Comercio, a raíz de la aplicación del Acuerdo ADPIC, de 1994, y de la divergencia de opiniones al respecto entre los países desarrollados y los países en desarrollo, especialmente el continente africano. La solución encontrada hasta el momento, primero con la Declaración de DOHA y luego con una decisión del Consejo General de la OMC, parece ser una solución de transición entre ambos intereses en juego.