El 30 de enero de 2017 el poder ejecutivo argentino dictó un Decreto de Necesidad y Urgencia 70/PEN/17 (en adelante “DNU 70/17”) modificando la Ley de Migraciones (25.871), considerada un instrumento modelo en materia de garantía de los derechos humanos de las personas migrantes. Ante ello, organizaciones de la sociedad civil respondieron mediante la presentación de un amparo colectivo, en cuya instancia de apelación resolvió la invalidez constitucional del mismo. Hoy, las personas migrantes en Argentina esperan el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante “CSJN). Más allá de los fundamentos materiales para su promulgación – ampliamente cuestionados- la norma introduce numerosas modificaciones a los procedimientos establecidos en la Ley de Migraciones, que implican un retroceso en el acceso a los derechos del colectivo de migrantes en Argentina. Interesan particularmente las vicisitudes en el marco de los procesos de expulsión, ahora de carácter sumarísimo, y su impacto en el respeto y garantías sin discriminación de los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “CADH” o “Convención Americana”) al debido proceso (Art. 8 de la CADH) y al acceso a la justicia (Artículo 25 de la CADH) de las personas migrantes afectadas.