This article is an ethical and legal reflection about the current trend of parents to refuse vaccination of their children under a legal regime that establishes mandatory use of certain vaccines. We analyze the main arguments used by parents to refuse obligatory vaccination, i.e., the fear of the negative effects that vaccination may have on the child; the violation of the “right to autonomy”; religious or pseudo-philosophical beliefs; and the resistance to the State intervention in personal or family matters. Therefore, this statement implies a necessary ethical analysis of childhood vaccination. Finally, it will be discussed the responsibility of parents and the State –the health authority– in the care of minors. Vaccination is a benefit for both the inoculated and the community, the best preventive policy. At the same time, it is considered a complex case that demands a profound debate, whose purpose should be the transition from an apparent conflict between parents and the State, to convergence for the care of minors. In other words, it is emphasized the fact that parents, beyond the fulfillment of a heterogeneous normative duty, must act motivated by voluntary adherence to the best interest of the child and the community.Este artículo se presenta como una reflexión ética y jurídica acerca de la tendencia actual de los padres a rechazar la vacunación de sus hijos en un régimen jurídico que establece la obligatoriedad de determinadas vacunas. Se analizan los principales argumentos que los padres usan para rechazar las vacunaciones obligatorias, y, en concreto: el temor a los efectos negativos que la vacunación pueda provocar en el menor; la violación del “derecho a la autonomía”; las creencias religiosas o pseudofilosóficas; la resistencia a la intervención del Estado en asuntos personales o familiares. De esto, nace un necesario análisis ético sobre la vacunación infantil. Finalmente, se discute la responsabilidad de los padres y del Estado (autoridad sanitaria) en el cuidado de los menores de edad. La vacunación es un beneficio tanto para el inoculado como para la comunidad, la mejor política preventiva. Al mismo tiempo, se configura como un caso complejo que demanda un debate profundo, cuyo fin debe ser el tránsito desde un aparente conflicto entre los padres y el Estado, a una convergencia por el cuidado de los menores de edad. En otros términos, se recalca el hecho de que los padres, más allá del cumplimiento de un deber normativo heterogéneo, deben actuar motivados por la adhesión voluntaria al bien del hijo y de la comunidad.