Un tema central en toda sociedad democrática es decidir quién puede regular los derechos y deberes de las personas. Para resolver ello, la República confió el ejercicio de la soberanía a autoridades electas por plazos determinados y subordinó su actuar a la Constitución, siendo el Poder Legislativo por esencia el órgano de representación democrático y la ley, la norma con mayor nivel de legitimidad, pues en su elaboración trabajan con transparencia todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional. No es este el caso, sin embargo, de los decretos y reglamentos emanados del Presidente de la República, que expresan sólo la opinión de un órgano unipersonal, sin que esté su fase prenormativa suficientemente regulada como para garantizar transparencia y participación.