Se trata de un análisis detallado sobre la constitucionalidad de las normas que dispusieron la confiscación de los depósitos bancarios, en el marco de la actual emergencia económica argentina. Se estudia la violación de derechos humanos producida, la utilización masiva de la garantía del amparo, la afectación de los principios del Estado de Derecho y del sistema republicano y la respuesta del Poder Judicial. En definitiva, se sostiene que la conformación del popularmente denominado «corralito» no ha sido la respuesta correspondiente a un orden constitucional liberal.