El 99,8 % del territorio donde se sustenta la biodiversidad es rural y ha estado tradicionalmente regulado por legislación dispersa, sectorial e inorgánica. La legislación moderna, más holística, como la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente adolece de imperfecciones relacionadas con la vigencia, la interpretación y, sobre todo, el que la ley se haga cumplir. En este trabajo argumentamos que la aplicación de modelos tomados de la literatura ecológica buscando apoyar la biología de conservación puede ser complementada fuertemente si es acompañada de una medición de la superficie territorial (cantidad y distribución en el espacio) efectivamente afectada por la legislación vigente de protección ambiental. Nuestro trabajo intenta dar respuesta a la pregunta ¿cuánto es lo que efectivamente, en superficie, queda protegido si se hace cumplir la ley? Para esto hemos expresado cartográficamente textos legales relacionados con el bosque nativo, analizamos la complejidad y los efectos de su aplicación y demostramos que basta hacer cumplir la ley para asegurar un mínimo en que, además de aumentar la superficie protegida, aumenta la conectividad y cambian los patrones de fragmentación. La metodología muestra claras ventajas relacionadas con su aplicación para el monitoreo, planificación y control de efectividad de programas sociales