El objetivo de este trabajo es explorar cuáles serían las circunstancias políticas que llevan a las autoridades de gobierno a impulsar y desarrollar estrategias relativamente robustas de Datos Abiertos Gubernamentales (DAG), a pesar de que ello implicaría debilitar su posición de poder y entregar parte del control sobre la información pública a la ciudadanía, el Congreso y otros actores. Para ello, se estudian los casos de México, Chile y Colombia entre 2010 y 2018, países en que se han implementado políticas de DAG con diferentes grados de éxito. La información proporcionada por diversos entrevistados, en conjunto con el análisis de información secundaria, muestra que (1) la robustez de la estrategia de DAG de México debe bastante a los casos de corrupción en que se vieron envueltos directamente el presidente Peña Nieto y su señora; (2) la debilidad de la política de DAG chilena es coherente con un grado generalizado de desinterés por esta tecnología entre las autoridades gubernamentales; y (3) la robusta y gradual evolución de la estrategia de DAG en Colombia tiene como antecedente indirecto la intención del presidente Santos de mejorar la imagen internacional del país.The goal of this work is to explore the political circumstances driving government authorities to further and develop relatively robust Open Government Data (OGD) strategies, even though this may imply them weakening their power and giving away their control over data to citizens, Congresspeople and other stakeholders. With this aim, this work studies the cases of Mexico, Chile and Colombia between 2010 and 2018—these countries have implemented OGD strategies with varying degrees of success. The data provided by interviewees, along with that retrieved from secondary sources, show that (1) the robustness of Mexico’s OGD strategy owes significantly to the corruption cases President Peña Nieto and his wife were directly involved in; (2) the weakness of the Chilean OGD strategy is coherent with a general lack of interest in this technology among government authorities; and (3) the incremental, robust evolution of Colombia’s OGD strategy is indirectly connected to President Santos’ intention that Colombia would improve its international reputation.