La aplicación de una gestión ambiental integrada sigue siendo una preocupación latente de los gobiernos. Las políticas públicas insuficientes o ineficientes, un marco legislativo complejo y poco integrativo, la falta de incentivos para la participación de nuevos actores en entidades de gestión ambiental, los carentes planes de ordenamiento y planificación territorial, la falta de información, capacitación y educación, la ausencia de personal nacional calificado en el sector público y la carencia de fondos para contratarlo del sector privado local, son considerados, por algunos sectores internacionales, como los principales causantes de una “crisis de gobernabilidad” en el campo de una gestión del agua, por ejemplo (véanse Dourojeanni/Jouravlev. 2001; Moreyra, 2001). A este último cabe agregar que, si bien existe una serie de redes importantes sobre temas de gestión de agua, todavía se dispone de muy pocos estudios regionales sobre el tema y se tiene mucho menos acceso a procedimientos y métodos de trabajo por cuenca (CEPAL. 19991).