En sus orígenes, la actividad de producción y suministro de electricidad se configura como actividad empresarial privada, solo sometida a reglamentación de tipo policial. En 1924 se aprobó un Real Decreto-Ley de 19 de abril en el que se declaraba el suministro de energía eléctrica como servicio público (con el antecedente de la Real Orden de 14 de agosto de 1920), sin que, no obstante, pasara a manos de la Administración el desarrollo de dicha actividad. No obstante, desde entonces la presencia del poder público ha sido cada vez más intensa, especialmente a partir de los años cuarenta.