Con la creación del Panel de Expertos por la ley Nº 19.940, también conocida como Ley Corta, se instalaron en el escenario jurídico nacional una serie de interrogantes que la doctrina jurídica nacional está llamada a debatir y resolver. Entre ellas, la naturaleza jurídica de esta entidad, cuestión no menor, pues dependiendo de su esencia, será diverso el estatuto normativo aplicable. Para la autora, nos encontramos frente a un organismo ajeno al poder judicial pero que ejerce labores jurisdiccionales, aunque la ley no lo reconozca expresamente así, por lo que deben aplicarse necesariamente las normas constitucionales del debido proceso, o en palabras del legislador, las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos. Apoyada en este principio procesal, critica la carencia de una doble instancia e irrecurribilidad de las decisiones adoptadas por el Panel de Expertos, lo que trae aparejado un debilitamiento de la celeridad procedimental y de la certeza jurídica.