Frente al proyecto del Ejecutivo enviado al Congreso, consistente en el establecimiento de una regalía a la explotación minera, los autores sostienen que sería un error centrar el debate sobre su constitucionalidad en las características del dominio que sobre la propiedad minera tendría el Estado o en la naturaleza jurídica que pudiera tener la obligación o regalía. Se advierte que los problemas de constitucionalidad podrían derivar de una eventual vulneración al Art. 19 Nº 22 que impone al Estado el deber de no discriminar arbitrariamente en materia económica, así como, muy principalmente, de una infracción al Art. 19 Nº 24 (7) dado que la regalía propuesta llevaría aparejada, indirectamente, una nueva causal de caducidad o extinción de la concesión, bajo la forma de obstaculizar el libre ejercicio del derecho, lo cual sólo puede llegar a ocurrir modificando la Constitución