Se exponen los importantes cambios introducidos por la ley Nº 20.050 que modifica el texto de la Constitución Política de 1980 al Tribunal Constitucional, en especial, de su competencia para conocer del recurso de inaplicabilidad de las leyes, primigeniamente de conocimiento y resolución de la Corte Suprema. Con la referida modificación, mayor relevancia aun adquiere el Tribunal Constitucional en materia de sanciones administrativas y su vinculación con el desarrollo de actividades económicas. Del análisis de esta nueva competencia del Tribunal de Constitucionalidad, repasa el autor el tránsito desde la tesis de una reserva legal absoluta, asentada por dicho Tribunal con el fallo de la “Ley de Caza”, a una actual reserva legal relativa, que importa, básicamente, el apoyo del reglamento en esta área, lo que incide en muchas actividades, en especial, para el necesario impulso de la industria eléctrica, pues implica un reconocimiento de la amplitud de la discrecionalidad del regulador y, por ende, un descenso en la certeza y seguridad jurídica para desarrollar actividades empresariales.