La distribución de las aguas, entendida como el conjunto de medidas tendientes a establecer su repartición en forma equitativa y expedita en relación con los derechos de aprovechamiento constituidos sobre ellas, ha sido entregada por el legislador a los propios usuarios, los que organizados se han encargado de su distribución. Este sistema ha operado así desde hace mucho tiempo, y puede decirse que en términos generales ha cumplido con los principales objetivos de las organizaciones de usuarios, de una manera autónoma y sin que ello haya significado costo alguno para el Estado.