En este trabajo se analizan os cambios introducidos por la ley 19.940 en la actividad de transmisión eléctrica. En especial, se refiere al carácter de orden público de la nueva normativa y al tratamiento de la transmisión como servicio público. Junto a ello, el autor destaca las garantías de pago establecidas por la ley para las empresas de transmisión. Sin embargo, advierte que la expansión del sistema de transmisión y, en especial, de la obligación de invertir en obras nuevas o ampliaciones atenta contra principios constitucionales, entre ellos: el derecho a desarrollar actividades económicas y el derecho de propiedad. Finalmente, aborda el tema de la solución de conflictos en el sector eléctrico a partir de un ente único, denominado, panel de Expertos. Valora la creación de este órgano, pero hace observaciones respecto a su futuro funcionamiento.