Cuando nos encontramos en presencia de un servicio sanitario que no reúne las características para ser considerado servicio “público” sanitario, este debe desarrollarse como un servicio “privado”, y en tal caso, no se encuentra sujeto a la fiscalización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, como tampoco a la Ley General de Servicios Sanitarios. Ello, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden al Servicio de Salud respectivo, a la Comisión Regional del Medio Ambiente competente, y a otros organismos y servicios públicos, según se explicara más adelante.