En la aplicación del Código de Aguas de 1981 (DFL N” 1.122) han ido surgiendo una serie de problemas procesales, vinculados especialmente con la constitución o la regularización del derecho real de aprovechamiento que se reconoce a los particulares sobre un bien nacional de uso público. El origen de las dificultades proviene, en primer lugar, por la especial naturaleza del derecho real de aguas, que se constituye Pr un acto administrativo y consiste en el uso y goce de las aguas. La relación real que allí se genera existe entre una persona y un bien, pero en concurrencia con otros titulares del mismo derecho, según la disponibilidad del recurso.