The article revolves around the criminal policy trend observed on an international level, which consists in the more or less coactive transfer to private entities -specially to companies and their officers- of crime prevention and investigation functions that are within the purview of the State criminal justice system, as well as the doubts regarding the legitimacy (and eventually the constitutionality) of some manifestations of this “forced privatization” of the economic criminal law. Specifically, the imposition of duties of action in the areas of criminal product liability, money laundering, criminal liability for the acts of employees, as well as the unprecedented challenge presented by the development of corporate “internal investigations”, carried out under State pressure, to the traditional guarantees of the criminal process.El trabajo versa sobre la tendencia de política criminal que se observa en los últimos años a nivel internacional, consistente en el traspaso más o menos coactivo de tareas de prevención y esclarecimiento de delitos, que son propias del sistema estatal de justicia penal, a agentes privados, específicamente a las empresas y a quienes están a cargo de ellas, y sobre las dudas de legitimidad (y, eventualmente, de constitucionalidad) que algunas de las manifestaciones de esta “privatización forzada” del Derecho penal económico plantean. Específicamente, se pasa revista a la imposición de deberes de actuación en el ámbito de la responsabilidad penal por el producto, de la prevención del lavado de dinero, de la responsabilidad penal por los hechos de los empleados, así como al desafío inédito que plantea a las garantías tradicionales del proceso penal el desarrollo, bajo presión estatal, de “investigaciones internas” corporativas.