The article offers a reconstruction of the application of criminal guarentees to administrative sanctioning procedures. First, the emphasis on a contentious level of the discussion is criticized. The article shows that the problem is one of institutional design. From this perspective, the article offers a pragmatic formal solution, according to which the legislator must choose between at least three sanctioning regimes, disregarding some alternatives that affect people’s rights in a particularly intense way.El artículo ofrece una reconstrucción de la polémica sobre la aplicabilidad de garantías penales en procesos administrativos sancionatorios. En él se critica, en primer lugar, la fijación en un nivel de discusión litigiosa del problema. El artículo muestra que se trata antes de un problema de diseño institucional. Visto de este modo, el artículo ofrece una solución pragmática formalista, bajo la cual el legislador debe ser obligado a elegir entre al menos tres regímenes sancionatorios y siéndole vedadas ciertas alternativas en caso de afectación especialmente intensa de derechos.