El control de convencionalidad (CCv) busca que los Estados se abstengan de aplicar normas contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) o a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicha doctrina podría requerir que los jueces y otros órganos nacionales dejen sin aplicación la legislación nacional que sea contraria a la CADH o a la interpretación que de ella haga la Corte Interamericana. El CCv puede interpretarse de dos modos: 1) afirmando que los órganos nacionales deben aplicarlo, aún cuando éstos no cuenten con la competencia para hacerlo, y 2) diciendo que los órganos nacionalesdebieran aplicar el CCv en la medida de sus competencias, de acuerdo con su Constitución nacional. Solo esta última interpretación es compatible con los principios del Derecho internacional y podría ser aceptada por todos los Estados miembros. Este trabajo expone dicha interpretación y sus beneficios frente a la interpretación extensiva del control de convencionalidad.