La obra se ocupa de la incorporación de la prisión permanente revisable en el Código penal español de 1995 en la reforma de que fue objeto en marzo de 2015. Se trata de la modificación número 29 de este Código, lo que pone de manifiesto la deficiente política criminal del legislador. Se destaca cómo en los últimos 20 años en la mayoría de las reformas de este texto legal se han incrementado las penas privativas de libertad buscando una mayor prevención general, ignorando –según reiterados estudios criminológicos– que ello tiene escasos o nulos efectos en la disminución de la criminalidad, aunque pueda afectar en algún delito concreto. En el caso que nos ocupa, teniendo en cuenta las previsibles características de los autores de estos delitos, la nueva pena no aumentaría los efectos de la prevención general.