En España, el amparo constitucional contra las leyes se fundamenta en la desconfianza hacia la labor de los jueces ordinarios respecto a la aplicación y tutela de los derechos fundamentales. Trátase de un proceso complejo y deficiente, por no haber alcanzado el fin que debe perseguir: esto es, la protección de esos derechos frente a las violaciones del legislador.