Nuestro derecho administrativo se encuentra contenido en una farragosa cantidad de disposiciones legales y sublegales, algunas veces imparciales en el tratamiento del instituto que constituye su objeto, otras derechamente carentes de regulación armónica o, peor aún, abiertamente antinómicas entre sí. Evidenciar en este sentido un esfuerzo del legislador administrativo en orden a la generación de regulaciones normativo-sistemáticas, reduce nuestra mirada a algunas pocos cuerpos normativos: así, verbigracia, tendría mérito destacar la Ley N° 18.575 de bases generales de la administración del Estado o la Ley N° 19.880, que fijó las bases para la producción de los actos de la administración del Estado, o la Ley N° 19.886 sobre contratación administrativa, la que, empero, hace alusión a algunos de los contratos que ejecuta la administración pública y, por ende, no establece una regulación general del instituto de la contratación administrativa...