La justicia administrativa ha sido siempre considerada, al menos en la tradición del derecho continental, la pariente pobre de las distintas jurisdicciones y quizá a la que menos se le ha exigido racionalidad y justicia en su obrar. Así, cuando en nuestro país se habla de la exigencia del debido proceso, la doctrina jurídica y la clase política han puesto sus ojos fundamentalmente sobre la justicia penal. En menor medida se han preocupado de la justicia del proceso civil y laboral y prácticamente nada sobre la justicia administrativa. Alguien podrá justificar esta situación arguyendo que puesto que en Chile al no haber tribunales de lo contencioso administrativo las cuestiones que atañen a los particulares y a la Administración son dirimidas por los jueces civiles de conformidad con el procedimiento ordinario, donde están más que aseguradas las exigencias del debido proceso, no habría que preocuparse mayormente por un debido proceso administrativo...