El Recurso de Protección se ha convertido en el principal instrumento de tutela procesal del ciudadano, amparo que ha incluido aquellos actos de la Administración que comportan una violación de su esfera subjetiva. Para los autores, alejándose así de la concepción mayoritaria que han asumido la doctrina y la jurisprudencia nacional, el Recurso de Protección corresponde a un proceso sumario para la tutela urgente y privilegiada de los derechos fundamentales. Sin embargo, dicho proceso especial ha terminado por asumir un rol principal y ordinario de solución de conflictos entre el ciudadano y la Administración, tutelando no sólo sus derechos fundamentales, sino en muchos casos meros derechos legales o intereses legítimos, vulgarizándose de este modo su uso, y convirtiéndose en vía ordinaria de control de legalidad de la actuación administrativa. Es necesario de este modo reservar el referido proceso sólo para la tutela urgente de los derechos fundamentales, incluidas por cierto aquellas situaciones en que la Administración viola dichos derechos fundamentales, y crear un proceso ordinario para el control jurisdiccional de la actividad administrativa para aquellos casos en que sólo se vean involucrados derechos subjetivos o intereses legítimos del ciudadano.