La instauración del Defensor del Pueblo en América Latina ha sido difícil, probablemente a raíz de los grandes cambios que han experimentado las instituciones estatales. Pero, además, el arraigamiento de aquel Defensor presupone una serie de exigencias éticas que no se advierten, con carácter preponderante, en las capas dirigentes de nuestras repúblicas.