El autor plantea que la vigencia de Tratados Internacionales de Integración obliga a revisar el concepto de soberanía, pues los derechos fundamentales ya no se encuentran contenidos solo en la Constitución, sino que también en aquellos tratados. En el caso particular de Chile, la estructura orgánica del Estado que ha llevado a cabo el proceso de integración, principalmente económico, y el conjunto normativo en que se ha desenvuelto han permanecido inalterados. Pero los cambios habrán de sobrevenir en las más diversas áreas, entre las cuales el autor destaca que el Congreso, los partidos políticos, el Poder Judicial y el Poder Constituyente habrán de perder ámbitos de poder e influencia, y que la integración habrá de configurar un determinado modelo económico y la necesidad de adherir, sin reservas, al régimen democrático.