El funcionario judicial chileno vive inserto en uno de los más jerarquizados sistemas judiciales de que se tenga razón en el mundo occidental, sometido a pesados controles por la cúspide del aparato judicial, con particular referencia a la Corte Suprema. Tal diseño se traduce en un modelo orgánico que hace restar independencia al funcionario que se encuentra en la base de la organización judicial. Por otra parte, al atribuir tanto la Constitución como la ley a la Corte Suprema el control administrativo y disciplinario de todo el aparato judicial, hace del Poder Judicial en la práctica una competencia concentrada en un órgano, siendo que éste, por definición, es un poder difuso que se radica en cada juez o tribunal, ajeno por tanto a vínculos de coordinación y subordinación. Asimismo, el Código Orgánico de Tribunales somete a los funcionarios judiciales a controles disciplinarios que inciden sobre cuestiones de moralidad y vida privada. Todo ello hace aconsejable revisar el sistema de responsabilidad a que están sujetos dichos funcionarios, a fin de permitir que la función judicial se desarrolle con mayores grados de independencia.