La omisión legislativa de una norma general aplicable a todos los actos de la Administración, que la habilite de modo expreso a invalidar sus actos irregulares, ha dado origen a distintos planteamientos en doctrina y jurisprudencia, en orden a determinar la existencia y alcances de la potestad invalidatoria de la Administración del Estado. Frente a esta situación, este artículo realiza un análisis crítico de la jurisprudencia administrativa y judicial más reciente, a fin de establecer ciertos criterios que permitan una sistematización de la institución y de los principios que la rigen, particularmente de su alcance y limitaciones.