Las ciudades argentinas (y sus gobiernos locales) en las últimas décadas han sufrido profundas transformaciones en materia de funciones de gasto. Se han ampliado y complejizado sus actividades, y en muchas ocasiones, sin contar con los recursos financieros suficientes para hacer frente a las mismas. El nivel de dependencia financiera que poseen de los gobiernos de superior jerarquía (Nación y provincias) es muy elevado. Modificar este aspecto, junto a otros asuntos relativos al financiamiento municipal, es un aspecto clave para dotar a los gobiernos locales argentinos de un más amplio espacio de intervención fiscal que permita reducir su dependencia de las transferencias de otras jurisdicciones, para con todo ello, obtener una provisión pública local de bienes y servicios, con un piso de homogeneidad en términos de calidad, cantidad y accesibilidad, en todo el territorio nacional.